Ante una carta al lector publicada en los medios locales, de un Asesor Letrado Delegado en la Subsecretaría de Ecología, en carácter de ciudadano, que critica jurídicamente necesario adherir a la Ley N° 2.6331, cuyo proyecto he presentado, debo aclarar que: Esta Ley Nacional (N° 26.331), es un marco regulador tendiente a dicha protección y que establece diversos artículos referidos a la jurisdicción propia de su ámbito y otros relativos a la juridisdicción de las provincias.
Además impone obligaciones a las provincias, por ejemplo, realizar en el plazo máximo de un año un ordenamiento de los montes nativos y si no lo realizan en término, no pueden autorizar desmontes.
En el artículo 10 se establece como Autoridad de Aplicación de la ley “…el organismo que la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción”.
Estos puntos introducidos a modo de ejemplo, permiten determinar –a partir de adherir o no a los presupuestos de la ley nacional- en el ámbito AUTÓNOMO de su competencia en la materia, la complementación de la legislación, designar una autoridad de aplicación, realizar el ordenamiento allí establecido, etc.
Es el propio artículo 95 de la Constitución Nacional que invoca el citado profesional, el que establece que la Nación dicta “las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
Ahora bien, la adhesión a la Ley Nacional, implica una evaluación desde la autonomía de la provincia, sobre el contexto en que dictará sus normas complementarias y la necesidad que la jurisdicción provincial pueda hacer suyos conceptos propios de las jurisdicciones locales, que aparecen en el texto de la ley, porque incluso quedan dudas si las provincias no estarían delegando facultades que le son propias, de acuerdo a los artículos 5, 41 y 124 de la C.N. y se desconocería la riqueza y la diversidad de os montes nativos pampeanos (caldenar) al quedar englobados en una norma nacional.
Además, a través de la reglamentación a esta ley provincial, se determinarán presupuestos básicos que debe resolver la provincia; inclusive presupuesto económico que debe afectar el Poder Ejecutivo.
Me pregunto, si lo expuesto por el asesor obedece a una inquietud jurídica propia o bien es una decisión política de ese área de gobierno de responder a intereses no muy claros que hubo en Nación al momento de sancionarse la Ley Nacional y también en otras provincias en los que se oscureció el tema, planteando esta discusión sobre si era necesario adherir o no a la Ley Nacional. Adelanto que hay provincias de importancia en el tema que ya tienen en el debate la adhesión a la ley a través de leyes provinciales.
Es mi deseo que ello sea una voz individual y no una postura del gobierno, para trabar la protección de nuestro bosque nativo.
Bosque nativo que nos viene preocupando y ocupando no de ahora sino de hace tiempo y vemos como el tiempo transcurre y nada se ha hecho se sigue haciendo oídos sordos mientras se siguen destruyendo.
Estamos convencidos como dice el dicho popular “lo que abunda no daña”, y lamentablemente en más de un caso vemos que tenemos la legislación acompañada de la inacción de los funcionarios de turno, nos alegra ver ya reuniones motivadas por la aplicación de esta ley.Festejamos haber logrado escuchar las voz de sectores que se interesan por nuestro bosque nativo, por su protección, así sea para disentir en un planteamiento jurídico doctrinario, que ponemos compartir o no. Ya sirvió la presentación del proyecto en debate, es el disparador para comenzar a trabajar en serio y comprometernos con nuestro medio ambiente.
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jueves, 29 de mayo de 2008
La Adhesion es un medio mas para garantizar su aplicacion
Esto saldra antes del leer masAnte una carta al lector publicada en los medios locales, de un Asesor Letrado Delegado en la Subsecretaría de Ecología, en carácter de ciudadano, que critica jurídicamente necesario adherir a la Ley N° 2.6331, cuyo proyecto he presentado, debo aclarar que:Esto saldra en la pagina al pulsar leer masEsta Ley Nacional (N° 26.331), es un marco regulador tendiente a dicha protección y que establece diversos artículos referidos a la jurisdicción propia de su ámbito y otros relativos a la juridisdicción de las provincias.
Además impone obligaciones a las provincias, por ejemplo, realizar en el plazo máximo de un año un ordenamiento de los montes nativos y si no lo realizan en término, no pueden autorizar desmontes.
En el artículo 10 se establece como Autoridad de Aplicación de la ley “…el organismo que la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción”.
Estos puntos introducidos a modo de ejemplo, permiten determinar –a partir de adherir o no a los presupuestos de la ley nacional- en el ámbito AUTÓNOMO de su competencia en la materia, la complementación de la legislación, designar una autoridad de aplicación, realizar el ordenamiento allí establecido, etc.
Es el propio artículo 95 de la Constitución Nacional que invoca el citado profesional, el que establece que la Nación dicta “las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
Ahora bien, la adhesión a la Ley Nacional, implica una evaluación desde la autonomía de la provincia, sobre el contexto en que dictará sus normas complementarias y la necesidad que la jurisdicción provincial pueda hacer suyos conceptos propios de las jurisdicciones locales, que aparecen en el texto de la ley, porque incluso quedan dudas si las provincias no estarían delegando facultades que le son propias, de acuerdo a los artículos 5, 41 y 124 de la C.N. y se desconocería la riqueza y la diversidad de os montes nativos pampeanos (caldenar) al quedar englobados en una norma nacional.
Además, a través de la reglamentación a esta ley provincial, se determinarán presupuestos básicos que debe resolver la provincia; inclusive presupuesto económico que debe afectar el Poder Ejecutivo.
Me pregunto, si lo expuesto por el asesor obedece a una inquietud jurídica propia o bien es una decisión política de ese área de gobierno de responder a intereses no muy claros que hubo en Nación al momento de sancionarse la Ley Nacional y también en otras provincias en los que se oscureció el tema, planteando esta discusión sobre si era necesario adherir o no a la Ley Nacional. Adelanto que hay provincias de importancia en el tema que ya tienen en el debate la adhesión a la ley a través de leyes provinciales.
Es mi deseo que ello sea una voz individual y no una postura del gobierno, para trabar la protección de nuestro bosque nativo.
Bosque nativo que nos viene preocupando y ocupando no de ahora sino de hace tiempo y vemos como el tiempo transcurre y nada se ha hecho se sigue haciendo oídos sordos mientras se siguen destruyendo.
Estamos convencidos como dice el dicho popular “lo que abunda no daña”, y lamentablemente en más de un caso vemos que tenemos la legislación acompañada de la inacción de los funcionarios de turno, nos alegra ver ya reuniones motivadas por la aplicación de esta ley.Festejamos haber logrado escuchar las voz de sectores que se interesan por nuestro bosque nativo, por su protección, así sea para disentir en un planteamiento jurídico doctrinario, que ponemos compartir o no. Ya sirvió la presentación del proyecto en debate, es el disparador para comenzar a trabajar en serio y comprometernos con nuestro medio ambiente.
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Además impone obligaciones a las provincias, por ejemplo, realizar en el plazo máximo de un año un ordenamiento de los montes nativos y si no lo realizan en término, no pueden autorizar desmontes.
En el artículo 10 se establece como Autoridad de Aplicación de la ley “…el organismo que la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción”.
Estos puntos introducidos a modo de ejemplo, permiten determinar –a partir de adherir o no a los presupuestos de la ley nacional- en el ámbito AUTÓNOMO de su competencia en la materia, la complementación de la legislación, designar una autoridad de aplicación, realizar el ordenamiento allí establecido, etc.
Es el propio artículo 95 de la Constitución Nacional que invoca el citado profesional, el que establece que la Nación dicta “las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
Ahora bien, la adhesión a la Ley Nacional, implica una evaluación desde la autonomía de la provincia, sobre el contexto en que dictará sus normas complementarias y la necesidad que la jurisdicción provincial pueda hacer suyos conceptos propios de las jurisdicciones locales, que aparecen en el texto de la ley, porque incluso quedan dudas si las provincias no estarían delegando facultades que le son propias, de acuerdo a los artículos 5, 41 y 124 de la C.N. y se desconocería la riqueza y la diversidad de os montes nativos pampeanos (caldenar) al quedar englobados en una norma nacional.
Además, a través de la reglamentación a esta ley provincial, se determinarán presupuestos básicos que debe resolver la provincia; inclusive presupuesto económico que debe afectar el Poder Ejecutivo.
Me pregunto, si lo expuesto por el asesor obedece a una inquietud jurídica propia o bien es una decisión política de ese área de gobierno de responder a intereses no muy claros que hubo en Nación al momento de sancionarse la Ley Nacional y también en otras provincias en los que se oscureció el tema, planteando esta discusión sobre si era necesario adherir o no a la Ley Nacional. Adelanto que hay provincias de importancia en el tema que ya tienen en el debate la adhesión a la ley a través de leyes provinciales.
Es mi deseo que ello sea una voz individual y no una postura del gobierno, para trabar la protección de nuestro bosque nativo.
Bosque nativo que nos viene preocupando y ocupando no de ahora sino de hace tiempo y vemos como el tiempo transcurre y nada se ha hecho se sigue haciendo oídos sordos mientras se siguen destruyendo.
Estamos convencidos como dice el dicho popular “lo que abunda no daña”, y lamentablemente en más de un caso vemos que tenemos la legislación acompañada de la inacción de los funcionarios de turno, nos alegra ver ya reuniones motivadas por la aplicación de esta ley.Festejamos haber logrado escuchar las voz de sectores que se interesan por nuestro bosque nativo, por su protección, así sea para disentir en un planteamiento jurídico doctrinario, que ponemos compartir o no. Ya sirvió la presentación del proyecto en debate, es el disparador para comenzar a trabajar en serio y comprometernos con nuestro medio ambiente.
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martes, 20 de mayo de 2008
"Los Diputados del Frepam apoyan los reclamos del campo"
Ante el fracaso de las negociaciones y la reanudación de las medidas de protesta por parte de los productores agropecuarios, el bloque de Diputados del Frepam desea hacer pública su posición al respecto.
El gobierno ha adoptado una política dilatoria, de enfrentamiento social y de desprestigio de quienes tienen reclamos legítimos.
Tenía – y tiene- en sus manos las herramientas para encarrilar el conflicto por cauces racionales. Sin embargo adoptó una estrategia en la que todos pierden. Pierde el gobierno, pierden los chacareros, pierden todos los argentinos. Solo ganan los especuladores financieros que son los que están en condiciones de sacar provecho a los sacudones que sufren las divisas y los bonos por la inseguridad que siembra la tozudez del gobierno.
Consecuentes con la posición asumida desde el comienzo del conflicto, los diputados del Frepam manifestamos nuestro apoyo a los reclamos del campo y nuestra solidaridad con las medidas de protesta adoptadas, ya manifestado no solo con el documento emitido al momento de comenzar el conflicto, sino también con distintos proyectos presentados en la legislatura y que todavía no han tenido tratamiento en las comisiones respectivas.
Instamos al Poder Ejecutivo Provincial –como lo hiciéramos anteriormente- a que se ponga al frente de los reclamos y sea el principal protagonista de la defensa de los intereses de La Pampa, del modo que lo hacen otros gobernadores.
Reclamamos al oficialismo en la Legislatura Provincial que dé tratamiento a los proyectos presentados sobre esta problemática. La morosidad de la mayoría legislativa para ocuparse de los problemas que sacuden a todos los pueblos de La Pampa debe preocuparnos a todos, no solo a los diputados opositores.
Los protagonistas de esta protesta son quienes producen desde el campo. No forman parte de ninguna oligarquía. Son parte de los sectores del trabajo. No solo producen los alimentos para los argentinos, sino, además, las divisas para dar contención a los compatriotas menos favorecidos.
Las consecuencias de este estado de cosas ya se están palpando: un corte en la cadena productiva, y también en las cadenas de pagos.
La producción depende de ciclos estacionales. Las dilaciones del gobierno pueden llevar a la pérdida de uno de ellos. Un ciclo perdido no se recupera más.
Creemos que no se debe politizar ni ideologizar más este tema. Es necesario ocuparse de soluciones concretas y no de “derrotar al otro”, pues la consecuencia de ello es la derrota de todos los argentinos.
Alentamos la expectativa de que las autoridades nacionales reaccionen -más temprano que tarde- y rompan este círculo vicioso de fogoneo de un conflicto en el que nadie gana.
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El gobierno ha adoptado una política dilatoria, de enfrentamiento social y de desprestigio de quienes tienen reclamos legítimos.
Tenía – y tiene- en sus manos las herramientas para encarrilar el conflicto por cauces racionales. Sin embargo adoptó una estrategia en la que todos pierden. Pierde el gobierno, pierden los chacareros, pierden todos los argentinos. Solo ganan los especuladores financieros que son los que están en condiciones de sacar provecho a los sacudones que sufren las divisas y los bonos por la inseguridad que siembra la tozudez del gobierno.
Consecuentes con la posición asumida desde el comienzo del conflicto, los diputados del Frepam manifestamos nuestro apoyo a los reclamos del campo y nuestra solidaridad con las medidas de protesta adoptadas, ya manifestado no solo con el documento emitido al momento de comenzar el conflicto, sino también con distintos proyectos presentados en la legislatura y que todavía no han tenido tratamiento en las comisiones respectivas.
Instamos al Poder Ejecutivo Provincial –como lo hiciéramos anteriormente- a que se ponga al frente de los reclamos y sea el principal protagonista de la defensa de los intereses de La Pampa, del modo que lo hacen otros gobernadores.
Reclamamos al oficialismo en la Legislatura Provincial que dé tratamiento a los proyectos presentados sobre esta problemática. La morosidad de la mayoría legislativa para ocuparse de los problemas que sacuden a todos los pueblos de La Pampa debe preocuparnos a todos, no solo a los diputados opositores.
Los protagonistas de esta protesta son quienes producen desde el campo. No forman parte de ninguna oligarquía. Son parte de los sectores del trabajo. No solo producen los alimentos para los argentinos, sino, además, las divisas para dar contención a los compatriotas menos favorecidos.
Las consecuencias de este estado de cosas ya se están palpando: un corte en la cadena productiva, y también en las cadenas de pagos.
La producción depende de ciclos estacionales. Las dilaciones del gobierno pueden llevar a la pérdida de uno de ellos. Un ciclo perdido no se recupera más.
Creemos que no se debe politizar ni ideologizar más este tema. Es necesario ocuparse de soluciones concretas y no de “derrotar al otro”, pues la consecuencia de ello es la derrota de todos los argentinos.
Alentamos la expectativa de que las autoridades nacionales reaccionen -más temprano que tarde- y rompan este círculo vicioso de fogoneo de un conflicto en el que nadie gana.
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miércoles, 14 de mayo de 2008
Josefina Diaz y el Caldenal: Tercera iniciativa legislativa
En el día de la fecha he presentado un proyecto de Ley para que La Pampa adhiera a la Ley Nacional 26331 conocida como Ley Bonasso. Dicha Ley fija un Presupuesto Mínimo para la Protección del Bosque Nativo, prohíbe el desmonte y establece un plazo de un año para que cada provincia realice un relevamiento de sustentabilidad de los bosques de distinta categoría de conservación, con el fin de proteger la biodiversidad, el estilo de vida de los pobladores, la fauna y la flora.
El bosque nativo de caldén de nuestra provincia siempre nos preocupó, sobre todo ante el avance de la frontera agrícola y el embate reiterado del desmonte masivo.
Es por ello que hemos presentado oportunamente proyectos buscando la protección de nuestro bosque nativo: el 229/04 creando una Comisión de Defensa del Bosque Nativo del Caldén o Caldenal, que hoy esta en archivo. Pretendíamos que esta comisión no negara la existencia del recurso, sino justamente lo contrario: diagramara un sistema de explotación que perdure, que se regenere y que se sustente en el tiempo, como oportunamente lo expresamos en su fundamentación.
Un segundo proyecto, el 133/06, pretendía declarar al Bosque Nativo de Caldén, o Caldenal, de interés social, ambiental, económico, estratégico, y articular los mecanismos para que un plan integral de manejo del bosque nativo de caldén o caldenal nos permitiera la explotación racional y sustentable del mismo.
Nuestra provincia tiene una ley de bosques que plantea un esquema duro de explotación del caldén, con la buena intención de su conservación. Sabemos que fracasó. Los desmontes continuaron sin permiso, los costos de los trabajos sumados a las multas por infracción, rápidamente son amortizados con una buena cosecha de cereal. También siguieron los incendios forestales. Sabemos de la buena intención de impulsar una ley de bosques más flexible y moderna que compatibilice los intereses económicos con la protección de nuestro ecosistema nativo. A pesar de este conjunto de buenas intenciones, hoy nuestro bosque nativo sigue esperando la adecuada protección que aun no tiene.
Un informe oficial del año 2004 dice que “en los últimos 70 años se perdió el 70% del patrimonio forestal con lo que se pone en peligro el 40% de las especies vegetales y animales, al margen del riesgo que constituye esto para el ser humano”.
Ante este estado de cosas, creo que adherir a la Ley 26331 mas que una alternativa es una obligación.
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El bosque nativo de caldén de nuestra provincia siempre nos preocupó, sobre todo ante el avance de la frontera agrícola y el embate reiterado del desmonte masivo.
Es por ello que hemos presentado oportunamente proyectos buscando la protección de nuestro bosque nativo: el 229/04 creando una Comisión de Defensa del Bosque Nativo del Caldén o Caldenal, que hoy esta en archivo. Pretendíamos que esta comisión no negara la existencia del recurso, sino justamente lo contrario: diagramara un sistema de explotación que perdure, que se regenere y que se sustente en el tiempo, como oportunamente lo expresamos en su fundamentación.
Un segundo proyecto, el 133/06, pretendía declarar al Bosque Nativo de Caldén, o Caldenal, de interés social, ambiental, económico, estratégico, y articular los mecanismos para que un plan integral de manejo del bosque nativo de caldén o caldenal nos permitiera la explotación racional y sustentable del mismo.
Nuestra provincia tiene una ley de bosques que plantea un esquema duro de explotación del caldén, con la buena intención de su conservación. Sabemos que fracasó. Los desmontes continuaron sin permiso, los costos de los trabajos sumados a las multas por infracción, rápidamente son amortizados con una buena cosecha de cereal. También siguieron los incendios forestales. Sabemos de la buena intención de impulsar una ley de bosques más flexible y moderna que compatibilice los intereses económicos con la protección de nuestro ecosistema nativo. A pesar de este conjunto de buenas intenciones, hoy nuestro bosque nativo sigue esperando la adecuada protección que aun no tiene.
Un informe oficial del año 2004 dice que “en los últimos 70 años se perdió el 70% del patrimonio forestal con lo que se pone en peligro el 40% de las especies vegetales y animales, al margen del riesgo que constituye esto para el ser humano”.
Ante este estado de cosas, creo que adherir a la Ley 26331 mas que una alternativa es una obligación.
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